La oferta de alquileres en la Ciudad creció casi 45 veces tras la desregulación del mercado.
El mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registró un fuerte incremento en la oferta de viviendas desde la derogación de la Ley de Alquileres y la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Según datos del sector inmobiliario, la cantidad de propiedades disponibles pasó de apenas 355 unidades a fines de 2023 a más de 15.700 inmuebles, multiplicándose casi 45 veces.
De acuerdo con el empresario inmobiliario y expresidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA), Armando Pepe, este crecimiento permitió normalizar el mercado y ampliar las opciones para quienes buscan alquilar una vivienda.
En el nuevo escenario, los contratos suelen celebrarse por 24 meses, con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales, generalmente vinculadas a indicadores oficiales como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el Índice de Contratos de Locación (ICL). Según el sector, la rentabilidad neta anual para los propietarios ronda el 5,8% en dólares, siendo los departamentos de dos y tres ambientes los más demandados.
El mercado también refleja una marcada diferencia entre las propiedades usadas y las nuevas. Los inmuebles de segunda mano pueden ofrecer valores hasta 30% inferiores a los desarrollos a estrenar o en pozo, debido al aumento de los costos de construcción, que actualmente se ubican en torno a los US$ 1.750 por metro cuadrado, sin incluir el valor del terreno ni otros gastos asociados.
En cuanto al crédito hipotecario, la recuperación observada durante 2024 perdió impulso en el segundo semestre de 2025. El incremento de las tasas de los préstamos UVA, que pasaron de alrededor del 4,5% a niveles de entre 6,5% y 7,5% más ajuste por UVA, redujo el ritmo de la demanda y llevó al sector a reclamar condiciones de financiamiento más flexibles.
Por otra parte, continúa el debate sobre los proyectos de desregulación del corretaje inmobiliario. Entidades profesionales sostienen que eliminar la obligatoriedad de la matrícula y el título habilitante podría afectar la protección de propietarios e inquilinos y generar menor seguridad jurídica en las operaciones.
