Imputan a estudiante de 16 años por amenazas en un colegio porteño.
La presentación realizada por un padre, quien detectó la circulación de imágenes de adolescentes con un arma dentro del baño de una escuela del barrio porteño de Balvanera en un grupo de mensajería escolar de su hija, fue remitida a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo de Mauro Tereszko. A partir de allí, se ordenó un allanamiento sobre un joven de 16 años, que terminó imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, delitos que contemplan una pena máxima de hasta siete años de prisión.
Por su parte, la jueza Alicia Baridón Gómez, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, autorizó el procedimiento que se llevó a cabo durante la madrugada del miércoles en el domicilio del adolescente, también ubicado en Balvanera. Cabe señalar que el menor ya estaba siendo investigado previamente por un caso de robo dentro del fuero penal juvenil.
En el operativo participaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) junto con la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad. Como resultado, se incautaron el teléfono celular que utilizaba el joven, una notebook y un disco rígido, entre otros elementos relevantes para la investigación.
El episodio tuvo lugar en los sanitarios de la Escuela de Comercio Nº5 “José de San Martín”. Según la investigación, el acusado manipuló un revólver, lo exhibió y se tomó fotografías junto a otros dos estudiantes del mismo colegio. Posteriormente, esas imágenes fueron difundidas en un grupo de WhatsApp denominado “3-1”, integrado por alumnos, utilizando la opción de visualización única y acompañadas por el mensaje: “La chispa está en 3ro 1ra”.
La denuncia fue impulsada por el padre de una alumna, quien tomó conocimiento de lo sucedido a través del grupo en el que participaba su hija. El hombre aportó capturas de pantalla que evidenciaban las conversaciones, incluyendo la imagen donde se observa al menor sosteniendo lo que aparenta ser un arma de fuego mientras posa con sus compañeros.
En relación con este tipo de situaciones en instituciones educativas de la Ciudad, se activó el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, implementado por el Ministerio de Educación desde el año pasado, además de realizar las denuncias correspondientes.
Dicho protocolo establece pautas claras para intervenir ante amenazas, con el objetivo de proteger la integridad física y emocional de la comunidad educativa, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y promover acciones institucionales centradas en el cuidado colectivo.
En este marco, se delinearon estrategias conjuntas entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Durante una conferencia de prensa realizada el lunes en la sede del Gobierno porteño, el fiscal general Martín López Zavaleta señaló que se implementó un sistema de articulación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, las áreas de acceso a la Justicia y de Política Criminal, junto con las fiscalías intervinientes. Además, destacó que la identificación y eventual sanción de los responsables no solo permite avanzar en cada caso, sino que también cumple un rol preventivo al desalentar la repetición de estas conductas.
