La Justicia porteña dejó sin efecto el fallo que había sobreseído a un adolescente
La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires resolvió revocar el fallo de la jueza Laura De Marinis, quien había sobreseído a un adolescente de 14 años imputado por tentativa de robo agravado.
El tribunal tomó esta determinación luego de hacer lugar al recurso presentado por el fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, ambos pertenecientes a la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil. Además de dejar sin efecto la resolución, los magistrados dispusieron que De Marinis sea apartada del expediente y ordenaron realizar un sorteo para designar a un nuevo juez que continúe con la causa.
La resolución de primera instancia había sido emitida la semana anterior y abrió un debate sobre la implementación del recientemente establecido Régimen Penal Juvenil. En aquella oportunidad, la jueza había considerado que las características específicas del caso justificaban declarar inconstitucional la aplicación de esa normativa respecto del adolescente involucrado.
No obstante, posteriormente De Marinis precisó que su decisión se limitaba exclusivamente al expediente en cuestión y que no suponía una declaración de inconstitucionalidad de carácter general. Asimismo, remarcó que el régimen permanecía vigente para el resto de las situaciones contempladas por la ley.
Luego de que se conociera el fallo de la Cámara, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, valoró públicamente la decisión y cuestionó lo que definió como “garantismo judicial”. En ese sentido, sostuvo: “Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”.
El Régimen Penal Juvenil, creado mediante la Ley 27.801, establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. La normativa entró en vigencia en septiembre de 2026.
Por otra parte, más de 70 jueces y juezas porteños habían manifestado su apoyo a De Marinis y rechazado el pedido de juicio político promovido por el Ejecutivo de la Ciudad. A través de un comunicado denominado “En apoyo a la magistrada De Marinis”, señalaron que las discrepancias con una sentencia deben resolverse mediante las vías de impugnación previstas por el sistema judicial.
En el mismo documento, los magistrados advirtieron que “la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial”. También defendieron la actuación de De Marinis y sostuvieron que la magistrada había ejercido sus facultades de control de constitucionalidad y convencionalidad dentro del marco de sus atribuciones.
