Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad con nuevas designaciones y cuestionamientos.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura porteña un paquete de propuestas para cubrir 21 cargos clave del nuevo fuero laboral local, un paso considerado central en el proceso de transferencia de competencias desde la Justicia Nacional del Trabajo.
La documentación incluye las resoluciones de los concursos realizados durante 2025, los dictámenes de la Comisión de Selección de Jueces e integrantes del Ministerio Público, además de los antecedentes y legajos de los postulantes. Ahora la Legislatura deberá avanzar con el proceso de audiencias e impugnaciones previsto por la Constitución porteña para la designación de magistrados.
Entre los cargos propuestos se encuentran 10 jueces de primera instancia laboral y 6 integrantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Para los juzgados fueron postulados María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
Para la Cámara de Apelaciones fueron seleccionados Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau y Gabriela Inés Fernández.
El esquema también contempla cinco cargos dentro del Ministerio Público. Para las fiscalías fueron propuestos Viviana Laura Díaz, Mariana Paula Mansilla y Germán Helvio Queipo, mientras que Federico Kaimakamian Carrau y Damián Natalio Ariel Corti fueron nominados para las asesorías tutelares.
Desde el Gobierno porteño sostienen que la creación de un fuero laboral propio representa un avance en la autonomía judicial de la Ciudad y permitirá una administración más cercana y eficiente de los conflictos laborales.
Sin embargo, sectores gremiales y especialistas en derecho laboral cuestionan el proceso y advierten sobre el impacto que podría tener la conformación de una nueva estructura judicial en el actual contexto político. Sus críticas apuntan a la posibilidad de que el nuevo fuero adopte criterios más cercanos a las políticas de desregulación económica y a una reducción de la protección histórica de los trabajadores.
El debate se centra así en el modelo de Justicia Laboral que tendrá la Ciudad: mientras sus impulsores destacan la autonomía y la eficiencia procesal, sus críticos plantean dudas sobre la independencia del nuevo sistema y el equilibrio entre los derechos laborales y los intereses empresariales.
