Camioneros reclama una millonaria indemnización antes de la nueva licitación de la recolección
El Sindicato de Camioneros exige que los futuros contratos del servicio de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires contemplen el pago de indemnizaciones para unos 6.000 empleados cuando concluyan las actuales concesiones. En paralelo, Pablo Moyano anticipó la convocatoria a asambleas y advirtió que podrían realizarse medidas de fuerza y una movilización durante la audiencia pública prevista para el 5 de octubre.
El planteo sindical surge en el marco del proceso mediante el cual el Gobierno porteño prepara la renovación del servicio de higiene urbana, cuyas nuevas concesiones comenzarían a regir en 2028. De acuerdo con distintas estimaciones, el costo de las indemnizaciones podría superar los US$ 100 millones.
Desde el gremio explican que el reclamo responde a un mecanismo que denominan “Ley Moyano”, utilizado desde la década de 1990. Bajo este esquema, cuando una empresa deja de prestar el servicio, desvincula a los trabajadores y paga las indemnizaciones correspondientes. Posteriormente, la compañía que toma la nueva concesión incorpora nuevamente a esos mismos empleados, según informó Noticias Argentinas.
No obstante, esta modalidad responde a un uso y costumbre del sector y no posee un respaldo legal específico. Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad no prevé incluir el pago de esas indemnizaciones dentro de los nuevos pliegos para la licitación del servicio.
El cronograma oficial establece que las nuevas concesiones serían adjudicadas en 2027 y comenzarían a funcionar al año siguiente. Los contratos tendrán una vigencia prevista de diez años, entre 2028 y 2038. Como parte de ese proceso, el lunes 5 de octubre se llevará adelante una audiencia pública en la que se analizarán las condiciones establecidas en los pliegos.
Frente a este escenario, el sindicato comenzó a evaluar distintas acciones para sostener su reclamo. Moyano afirmó que el mecanismo de indemnización “se viene cobrando desde el año 90 y pico” y comunicó que se organizarán asambleas en las distintas empresas para exigir que la modalidad continúe vigente.
A su vez, el dirigente sindical advirtió que, si el pedido no es contemplado en el proceso de renovación, Camioneros podría avanzar con un cese de actividades y una movilización coincidente con la audiencia pública del 5 de octubre.
En cuanto al impacto económico, fuentes vinculadas al sector calculan que indemnizar a los cerca de 6.000 trabajadores involucrados tendría un costo aproximado de US$ 100 millones. Sin embargo, también circulan estimaciones que elevan esa cifra a un rango de entre US$ 100 millones y US$ 200 millones. La intención del gremio es que ese monto quede contemplado dentro de la estructura económica de las futuras concesiones y que, eventualmente, sea asumido por el Gobierno porteño.
De esta manera, el reclamo de los trabajadores se incorpora a la discusión sobre las condiciones económicas y laborales que deberán definirse antes de adjudicar el servicio de recolección de residuos para los próximos diez años. La audiencia pública del 5 de octubre permitirá que los distintos sectores involucrados planteen sus posiciones respecto de los nuevos contratos.
