Nuevo proyecto de Santoro para limitar el acoso de las agencias de cobranzas
El diputado porteño Leandro Santoro anunció que en los próximos días impulsará un proyecto de ley destinado a establecer límites y controles sobre las prácticas de las empresas de cobranzas extrajudiciales. La iniciativa surge frente a la situación que atraviesan numerosas familias endeudadas y a las reiteradas denuncias por métodos de hostigamiento utilizados para reclamar el pago de deudas.
Según explicó el legislador de Fuerza por Buenos Aires, el objetivo es avanzar hacia una regulación específica que permita controlar a estas agencias y establecer sanciones efectivas cuando incurran en conductas abusivas. Santoro cuestionó, en ese sentido, las actuales limitaciones de los organismos porteños para intervenir ante este tipo de situaciones.
En particular, señaló que la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Ciudad no cuenta actualmente con suficientes herramientas para frenar estas prácticas y que, en muchos casos, su intervención se reduce a recibir las denuncias de los vecinos. Para elaborar la propuesta, el diputado mantuvo conversaciones con funcionarios nacionales vinculados a Defensa del Consumidor y representantes del Gobierno porteño, con el propósito de analizar experiencias y modelos de regulación aplicados en otros lugares.
Uno de los principales puntos del proyecto será la creación de un registro de agencias de cobranzas extrajudiciales. La propuesta contempla que las empresas deban contar con una licencia habilitante otorgada por la autoridad correspondiente y que, ante una infracción, exista la posibilidad de suspenderla. De esta manera, se busca generar un mecanismo concreto de fiscalización y sanción.
A esta iniciativa se suma un pedido de informes presentado por Santoro y que obtuvo dictamen el último jueves. El requerimiento apunta a conocer la cantidad y características de las denuncias que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor recibió desde 2023 hasta la actualidad contra entidades vinculadas al sistema financiero.
El objetivo del legislador es obtener un panorama más preciso sobre la dimensión del problema, identificar cuáles son las entidades más denunciadas y determinar qué tipo de situaciones de acoso o abuso fueron reportadas por los consumidores.
Una vez que el pedido sea aprobado por el cuerpo legislativo, el Ejecutivo porteño deberá brindar información sobre las razones sociales y denominaciones comerciales de las entidades financieras denunciadas, además de especificar los motivos de cada presentación.
También deberá informar cuántos reclamos estuvieron relacionados con tasas de interés o cargos comerciales considerados ilegales, abusivos o poco transparentes, junto con los tiempos promedio de respuesta inicial y de resolución definitiva de los expedientes. Asimismo, se solicitarán datos sobre las causas por las que las denuncias fueron cerradas o archivadas.
El requerimiento incluye además información sobre las multas aplicadas al sector financiero: el monto total efectivamente cobrado por año, el período promedio necesario para concretar el pago y el procedimiento administrativo utilizado para consolidar esas sanciones. También deberá detallarse qué organismos públicos intervienen en ese proceso y cuánto demora, en promedio, la actuación de cada uno.
La iniciativa sobre las empresas de cobranzas se suma a una serie de propuestas que Santoro viene impulsando en relación con el endeudamiento de los hogares porteños. Entre ellas se encuentra el Programa de Desendeudamiento, que permite a cientos de familias refinanciar obligaciones vencidas correspondientes a tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
El esquema establece una tasa fija máxima del 35% y un período de financiación de al menos 24 meses. La convocatoria permanece abierta hasta el 13 de octubre y pueden acceder al programa clientes de Banco Ciudad, Macro, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano.
Para Santoro, este antecedente permitió generar acuerdos entre distintos sectores políticos y puede funcionar como base para avanzar ahora con una legislación específica sobre las cobranzas extrajudiciales.
El diputado anticipó que buscará reunir los apoyos necesarios para aprobar una norma que establezca controles sobre estas compañías, muchas de las cuales son contratadas por bancos para gestionar deudas en situación de mora o incobrabilidad.
La intención, en definitiva, es establecer un marco regulatorio que permita supervisar su funcionamiento y ofrecer a los consumidores mayores herramientas de protección frente a prácticas de cobranza consideradas abusivas.
