La Justicia porteña obliga a regular Uber y equipara requisitos con los taxis
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo clave en la disputa entre el sector de taxis y las aplicaciones de transporte, y dispuso que las plataformas como Uber, DiDi y Cabify queden sujetas a requisitos similares a los de los servicios tradicionales. Entre las exigencias, los choferes deberán contar con licencia profesional y seguros obligatorios.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, en el marco de una causa iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis contra el Gobierno de la Ciudad, junto con representantes de conductores y usuarios de Uber. Según los jueces, existió una “omisión ilegítima” por parte del Ejecutivo local al no ejercer controles adecuados sobre las plataformas digitales de transporte.
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento fue determinar la naturaleza del servicio que ofrecen estas aplicaciones. Mientras las plataformas sostenían que se trataba de un servicio privado regulado por el Código Civil y Comercial, el tribunal entendió que, en la práctica, realizan transporte de pasajeros y, por lo tanto, deben encuadrarse dentro de las normas vigentes del sistema de tránsito y transporte urbano.
En ese sentido, los magistrados remarcaron que el traslado de personas mediante vehículos a cambio de una remuneración constituye una actividad de transporte. Además, citaron antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reforzar la idea de que Uber no funciona únicamente como una aplicación tecnológica, sino como parte de un servicio integral de movilidad.
A partir de esta interpretación, la Cámara consideró que las plataformas no pueden seguir operando sin cumplir estándares mínimos de seguridad. Hasta que exista una ley específica, los conductores deberán ajustarse a las condiciones actuales que rigen para taxis y remises, incluyendo licencias habilitantes y coberturas de seguro para pasajeros, choferes y terceros.
El fallo también cuestionó el accionar del Gobierno porteño, al señalar que permitió que estas aplicaciones funcionaran con una “apariencia de legalidad” sin verificar si los conductores reunían las condiciones exigidas a los taxistas, como capacitación profesional y seguros obligatorios.
Otro de los puntos destacados fue la desigualdad regulatoria entre ambos sectores. Para los jueces, resulta injustificado imponer cargas económicas y administrativas estrictas a los taxistas mientras las plataformas desarrollan la misma actividad sin cumplir exigencias equivalentes.
Asimismo, el tribunal observó contradicciones en la postura oficial, ya que el Gobierno calificaba a Uber como un servicio “clandestino”, aunque al mismo tiempo habilitaba su publicidad en espacios públicos, como estaciones de subte y el sistema Ecobici, sin aplicar controles efectivos.
De acuerdo con la sentencia, esta falta de fiscalización generó una competencia desigual que perjudica a los taxistas, quienes deben afrontar costos, trámites y habilitaciones obligatorias para trabajar.
Con el objetivo de equilibrar la situación mientras no exista una regulación específica, la Justicia ordenó una serie de medidas. En primer lugar, dispuso que el Gobierno de la Ciudad deje de cobrar determinados aranceles a los taxistas vinculados con trámites necesarios para operar legalmente, como renovaciones y transferencias de licencias.
Además, instruyó a las autoridades a avanzar en el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las plataformas digitales, al considerar que desarrollan actividad económica en territorio porteño sin tributar localmente.
Por otra parte, se exigió un mayor control sobre la publicidad de estas aplicaciones y campañas informativas destinadas a advertir a los usuarios sobre la posibilidad de que algunos conductores no cuenten con licencia profesional ni seguros obligatorios.
Finalmente, el tribunal aclaró que no busca prohibir ni legislar sobre las plataformas, tarea que corresponde a la Legislatura porteña, sino garantizar la protección de derechos afectados por la falta de acción estatal. Las medidas dispuestas dejarán de tener vigencia una vez que se apruebe una normativa específica para regular el transporte mediante aplicaciones digitales.
