Se detectaron situaciones de explotación laboral y condiciones precarias en dos talleres textiles ubicados en Flores y Villa Lugano. Tres posibles víctimas prestaron declaración y un individuo fue imputado.
Dos talleres textiles ilegales fueron allanados y cerrados en los barrios de Villa Lugano y Flores, sospechados de trata de personas con fines de explotación laboral. Durante los operativos, tres presuntas víctimas aportaron testimonios fundamentales y un hombre de nacionalidad boliviana fue señalado como responsable de ambos lugares.
Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, bajo la dirección de la jueza María Eugenia Capuchetti, con Secretaría N°9 del Dr. Federico Clero. Los allanamientos tuvieron lugar simultáneamente en Lisandro de la Torre al 3600, en Lugano, y en Zuviría al 3200, en Flores.
En la intervención participaron efectivos de la División Delitos Contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, acompañados por personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento del Ministerio de Justicia de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Protección del Trabajo porteña, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Agencia Gubernamental de Control.
En el inmueble de Villa Lugano se encontraron 17 personas mayores, entre ellas el imputado, además de 30 máquinas de coser industriales y una gran cantidad de telas y materiales textiles. Tres individuos ofrecieron declaraciones relevantes para la investigación y se detectó la presencia de seis trabajadores bolivianos con situación migratoria irregular. Por múltiples irregularidades, se colocó una faja de clausura en el lugar.
En el taller de Flores, se hallaron siete personas trabajando con doce máquinas de coser instaladas. Asimismo, se procedió a la clausura por falta de habilitación, ausencia de elementos de seguridad y matafuegos.
El presunto responsable fue imputado por violación del artículo 145 bis del Código Penal, según la Ley 26.842, que sanciona la lucha contra la trata de personas. Además, se incautaron teléfonos celulares, documentación y diez rollos de etiquetas con marcas reconocidas encontrados en ambos establecimientos.
El cierre de estos locales vuelve a poner en evidencia una problemática que afecta silenciosamente a numerosos barrios porteños, donde la cotidianidad convive con la informalidad laboral. Mientras la investigación sigue su curso en la Justicia, la comunidad se mantiene alerta.