Los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires habilitaron nuevos incrementos en los aranceles escolares correspondientes a junio y julio. En territorio bonaerense, los aumentos alcanzan hasta el 6,5%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la suba es del 4,4%.
A partir del mes próximo, las familias que envían a sus hijos a instituciones privadas subvencionadas tanto en CABA como en la provincia deberán afrontar una nueva actualización en las cuotas. Las autoridades de ambas jurisdicciones establecieron los nuevos cuadros tarifarios para los próximos dos meses, con variaciones acumuladas del 11% en la Provincia y del 4,4% en la Capital.
Según explicó la Asociación de Institutos Privados de la República Argentina (AIEPBA) —que representa a más de 5.500 escuelas en todo el país—, los aranceles bonaerenses podrán incrementarse un 6,5% en junio y otro 4,2% en julio, lo que da como resultado un ajuste total del 11% en el bimestre. Este aumento está vinculado a la actualización salarial pactada para el personal docente dentro de las negociaciones paritarias.
Al respecto, desde la entidad señalaron que “la última suba autorizada por la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia fue del 3% en abril” y que la nueva modificación “responde a la mejora que el Gobierno bonaerense otorgó a los docentes, también aplicable a quienes trabajan en el ámbito privado”.
Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires el aumento aprobado resulta más leve: los colegios podrán aplicar un 2% en junio y un 2,4% en julio, por debajo de la inflación de abril, que fue del 2,8%. De este modo, el incremento acumulado en la Ciudad será del 4,4% para ese período.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, justificó estos aumentos al considerar que “este nuevo esquema arancelario permite sostener, como siempre, la calidad educativa que caracteriza a la enseñanza privada”. Asimismo, afirmó que “el porcentaje autorizado permite cubrir el pago de los sueldos previamente acordados”.
Zurita también destacó que “el nuevo esquema no contempla los incrementos en los costos de mantenimiento ni en los servicios públicos que deben afrontar las escuelas”. En esa línea, remarcó que las instituciones educativas están haciendo “un esfuerzo considerable, junto a las comunidades escolares, para preservar la calidad pedagógica”, y concluyó: “Pese a todo, nuestros asociados están comprometidos a no resignar el nivel educativo ofrecido”.
Respecto de los nuevos valores autorizados, tanto en Provincia como en Ciudad, se fijaron tarifas diferenciadas según el nivel educativo y el porcentaje de subvención estatal.
Provincia de Buenos Aires
En establecimientos con 100% de aporte, los aranceles base a partir de junio serán:
- $27.250 para Nivel Inicial y Primario
- $30.030 para Secundario común
- $34.620 para Secundario Técnico, Agrario y Artístico
- $39.240 para Nivel Superior
En julio, esos montos subirán a:
- $28.390, $31.290, $36.070 y $40.880, respectivamente.
En cambio, en colegios con 40% de aporte, los valores serán considerablemente más altos. En junio:
- $123.090 para Inicial y Primaria
- $159.940 para Secundario común
- $183.040 para Técnicas y Artísticas
- $156.220 para el Nivel Superior
Y en julio:
- $128.250, $166.650, $190.720 y $162.780, respectivamente.
Ciudad de Buenos Aires
En CABA, desde el 1° de junio, los colegios con subvención total podrán cobrar hasta:
- $34.860 en Inicial y Primaria (jornada simple)
- $38.455 en Media común
- $44.292 en Media Técnica
- $50.164 en Nivel Superior Docente
- $60.938 en Superior Técnico
Con un aporte estatal del 40%, los aranceles ascienden a:
- $161.257 (Inicial/Primaria)
- $209.576 (Media común)
- $239.878 (Técnica)
- $204.659 (Superior Docente)
- $231.238 (Superior Técnico)
Para el 1° de julio, los valores máximos autorizados con subvención del 100% serán:
- $35.696, $39.378, $45.355, $51.368 y $62.400, según nivel.
Con 40% de subsidio, las cuotas escalarán a:
- $165.127, $214.606, $245.635, $209.571 y $236.787, respectivamente.
En este contexto, la actualización de cuotas reaviva el debate sobre el impacto económico de la educación privada en los hogares, especialmente aquellos que dependen de la ayuda estatal para cubrir los costos mensuales.