Un operativo realizado en el barrio de Flores concluyó con la clausura de un supuesto centro de estética masculina que, según se determinó tras una investigación, funcionaba como prostíbulo encubierto. El establecimiento, ubicado en la avenida Juan Bautista Alberdi al 2300, fue intervenido luego de que un vecino reportara posibles actividades relacionadas con la oferta de servicios sexuales.
La denuncia, presentada en marzo, fue canalizada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, quien encomendó la investigación a la División de Delitos Contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la Policía de la Ciudad.
Durante varias semanas, los efectivos llevaron a cabo tareas de inteligencia que incluyeron observaciones en la vía pública, entrevistas a vecinos del lugar y un rastreo en redes sociales. Las evidencias recolectadas permitieron corroborar las sospechas iniciales: el local ofrecía servicios sexuales bajo la fachada de un comercio dedicado a la estética.
Con la información reunida, la fiscal solicitó una orden de allanamiento al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°2, a cargo del Dr. Beguelin. El procedimiento contó con la participación de la Dirección Nacional de Migraciones, el Centro de Asistencia a la Víctima y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Durante el operativo, se identificó a cuatro mujeres mayores de edad, una de ellas sindicada como la encargada del lugar. También se encontraron dos menores de edad —de 11 meses y 8 años— hijos de una de las trabajadoras, quienes se encontraban en buen estado general.
Asimismo, se incautaron diversos elementos de interés para la causa: un teléfono celular, un dispositivo posnet, un equipo transmisor, preservativos, documentación y una libreta con anotaciones relacionadas con la actividad investigada.
Tras constatarse la actividad ilegal, la Justicia notificó a la persona responsable del local, mientras que las demás mujeres se retiraron junto con los niños. Finalmente, la AGC procedió a la clausura del establecimiento.
Desde el Ministerio Público se destacó la importancia de la colaboración vecinal, que resultó clave para iniciar la investigación y desarticular una situación que vulneraba derechos fundamentales.