Tal como se había anticipado, los internos del penal de Devoto volvieron a expresar su rechazo al cierre de los centros estudiantiles en las cárceles federales.
Mediante una ruidosa “batucada” y la quema de mantas y trapos, hicieron visible su inconformidad a través de una protesta que se prolongó por más de una hora.
Las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales mostraban llamas saliendo por las ventanas de los pabellones, mientras los detenidos reivindicaban su derecho a acceder a la educación.
“La Universidad es de todos”, decía una de las banderas colgadas desde los ventanales del penal. Según los internos, la decisión del Ministerio de Seguridad de clausurar los centros estudiantiles representa un retroceso en su camino hacia la reintegración social.
“Nos quieren arrebatar la oportunidad de estudiar y transformar nuestras vidas”, expresó uno de ellos, quien prefirió resguardar su identidad.
La manifestación comenzó el martes por la noche en los pabellones 1 y 5 del penal de Devoto, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y tuvo una réplica durante la madrugada del jueves.
Esta reacción se enmarca en la aplicación de la Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, la cual prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes en establecimientos penitenciarios federales. Según argumenta el gobierno, estos espacios dificultan el cumplimiento de actividades obligatorias como el trabajo y las tareas de mantenimiento.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aclaró que no se incendiaron colchones, sino mantas y residuos, con el propósito de evitar daños al patrimonio del Estado. Además, destacaron que no se registraron heridos ni incidentes con el personal penitenciario.
El cierre de los centros de estudiantes ha suscitado un intenso debate entre expertos en derechos humanos y políticas penitenciarias.
De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos años más de 3.500 personas privadas de libertad en cárceles federales han participado en programas educativos, muchos de ellos en articulación con universidades públicas.
“Eliminar estos espacios significa recortar una de las pocas herramientas reales que tienen para proyectar un futuro diferente”, señaló un docente que participa en programas de formación dentro de unidades penales.
En tanto, el Ministerio de Seguridad defendió su decisión alegando que los internos dedican demasiadas horas a los centros estudiantiles sin estar directamente vinculados a programas académicos formales.
“La educación es un derecho, pero no puede obstaculizar el tratamiento penitenciario ni poner en riesgo la seguridad de los establecimientos”, afirmaron desde la cartera dirigida por Patricia Bullrich.
En el ámbito digital, la medida también generó opiniones contrapuestas. Algunos usuarios condenaron la resolución por considerar que vulnera el derecho a estudiar, mientras que otros la apoyaron, argumentando que el orden y la disciplina deben prevalecer en los contextos carcelarios.
“La educación resulta esencial para la reinserción, aunque debe existir un equilibrio con las normas institucionales”, opinó un especialista en criminología.
Por el momento, la tensión en Devoto persiste. Los internos ya anticiparon que mantendrán los reclamos hasta obtener una respuesta favorable.
“No nos van a silenciar”, manifestaron en un mensaje que trascendió desde el interior del penal.