Legislatura de CABA endurece sanciones por maltrato animal y aprueba leyes fiscales clave
El pasado jueves, la Legislatura de la Ciudad celebró una sesión ordinaria en la que se abordaron diversos temas. Muchos de ellos ya habían sido trabajados previamente en distintas comisiones parlamentarias, con el propósito de unificar los proyectos y alcanzar el mayor nivel de consenso posible.
Entre las leyes aprobadas, se destaca la reforma al Régimen de Faltas y al Código Contravencional, cuyo objetivo principal es reforzar la protección de los animales domésticos y fomentar una tenencia responsable.
La nueva normativa no solo actualiza de forma considerable los montos de las multas, sino que también introduce sanciones alternativas como días de trabajo comunitario, además de incorporar nuevas conductas que serán consideradas contravenciones. La ley contempla, entre otras situaciones, un aumento en las penas por maltrato, abandono, negligencia y por asustar a los animales. Asimismo, endurece las multas por no recoger los excrementos de mascotas en espacios públicos, siendo aún más estricta en casos donde se trate de paseadores de perros u otras actividades con fines lucrativos. A su vez, se suma el artículo 140 bis, que prohíbe dejar animales dentro de vehículos cerrados sin ventilación adecuada por un período que pueda perjudicar su salud. Esta reforma también establece sanciones más duras para quienes lucren con servicios vinculados a animales, reconociendo una responsabilidad diferenciada para los profesionales del rubro, como paseadores, empresas y prestadores de servicios.
El legislador Emmanuel Ferrario, impulsor del proyecto, celebró la sanción de la ley y mencionó que se habían registrado 700 denuncias por maltrato animal. Calificó como “irrisorias” las penas vigentes hasta el momento, razón por la cual se promovió este endurecimiento.
Otra normativa que fue aprobada, impulsada por el diputado Juan Pablo Modarelli, propone que las facturas de ABL incluyan la identificación de las empresas encargadas de la recolección de residuos. “Gracias a esta ley, los vecinos podrán canalizar reclamos o expresar conformidad, lo que permite saber quién está cumpliendo con su tarea y quién no”, señaló el legislador. Esta ley establece que dicha identificación debe contener: el nombre completo de la empresa prestataria del servicio, su número de identificación tributaria o código único de registro, la dirección comercial de su sede principal, un teléfono de contacto o línea directa para reclamos, y una dirección de correo electrónico o sitio web para realizar consultas.
También se avanzó en la creación de la Mesa de Trabajo para la elaboración del Código Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta funcionará dentro del ámbito de la Comisión de Ambiente de la Legislatura y tendrá como objetivo coordinar y planificar el proceso de redacción de dicho código.
El cierre de la sesión estuvo marcado por el debate sobre dos temas centrales: la implementación de una moratoria para regularizar deudas impositivas en hasta 48 cuotas y la regulación de la actividad de los mandatarios.
“Hoy estamos tratando dos proyectos clave para el funcionamiento de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó la diputada Paola Michielotto, presidenta de la Comisión de Presupuesto. “El primero impulsa un régimen riguroso y atemporal para la regularización de deudas; es una herramienta para reactivar la economía, ordenar al contribuyente y recuperar recursos para la Ciudad. El segundo le otorga a la AGIP y a la Procuración herramientas modernas y claras para mejorar la gestión de cobros, incluyendo concursos públicos y escalas objetivas que garanticen una recaudación más justa y eficiente”.
Según lo establecido en la ley de moratoria, los contribuyentes podrán ponerse al día con las obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, inclusive, o con infracciones cometidas hasta esa fecha. Tendrán un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para adherirse al plan de pagos, plazo que podrá extenderse por otros 90 días.
El plan incluye condonaciones de intereses y punitorios, con quitas que pueden llegar hasta el 100%, dependiendo del momento en que se adhiera el contribuyente. Además, quienes tengan deudas en proceso judicial también podrán acceder al plan, lo que implicará la suspensión de los plazos procesales y de la prescripción penal. En caso de cancelación total de la deuda, ya sea en un solo pago o en cuotas, se extinguirá la acción penal, infraccional o delictiva.
Como complemento de esta herramienta de regularización, también se aprobó la ley que regula la actividad de los mandatarios, una iniciativa que fue debatida intensamente en reuniones de comisión para lograr un texto consensuado entre los distintos bloques políticos. La norma establece que la AGIP se encargará de gestionar las deudas inferiores a 869.785 pesos, mientras que las superiores quedarán bajo la responsabilidad de los mandatarios. Entre otras disposiciones, la ley fija un tope del 10% en los honorarios que estos profesionales pueden cobrar.
“Se terminan los casos en los que los honorarios superaban hasta cinco veces el monto de la deuda”, sostuvo el diputado Hernán Reyes, uno de los autores de la iniciativa. “Esta ley trae equilibrio en los montos a pagar, alivia al vecino y asegura una retribución justa y razonable para los mandatarios”.
