Según las autoridades de la Comuna, este procedimiento viola la normativa vigente, que exige un proceso democrático y participativo para modificaciones que impacten directamente en los barrios porteños.

El Proyecto de Modificación del Código Urbanístico

A comienzos de agosto de 2024, el jefe de gobierno Jorge Macri presentó ante la Legislatura porteña un proyecto para modificar y actualizar el Código Urbanístico de la Ciudad, una de las principales herramientas de planificación del territorio urbano. La propuesta se inscribe en la obligación de evaluar este código de manera integral cada cuatro años, pero, según denuncian desde la Junta Comunal 10, el proceso no cumplió con las instancias legales de participación ni con la información pública necesaria para generar un debate amplio y genuino.

Falta de Participación en la Elaboración del Proyecto

La comunera Daniela Romero fue una de las principales voces en contra de la forma en que se gestionó este proceso. En una declaración pública, Romero señaló que el gobierno de la Ciudad no cumplió con las consultas a las comunas, tal como lo estipula la Ley Orgánica de Comunas. Según la ley 1777, las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos deben tener un rol activo en cualquier proyecto que afecte sus barrios, pero en este caso, la única instancia de participación fue un foro virtual en el que solo 300 personas de las 700 convocadas pudieron participar. Además, los comuneros no recibieron ninguna notificación formal para tomar parte en esta discusión.

El Retroceso en la Democracia Participativa

Este hecho marca un retroceso en términos de participación ciudadana, especialmente si se compara con el proceso de elaboración del Código Urbanístico en 2018. Durante ese proceso, el GCBA había convocado a una serie de instancias descentralizadas en las comunas y villas de la ciudad, donde los vecinos pudieron discutir y aportar sus opiniones antes de la remisión del proyecto a la Legislatura. En cambio, en 2024, la falta de transparencia y de consultas amplias genera la sensación de que el debate se ha visto restringido y cerrado.

Denuncia de Jonatan Baldiviezo

El abogado y activista Jonatan Baldiviezo, quien fundó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, también se manifestó en contra de este proceso. Baldiviezo afirmó que el GCBA debería haber replicado el proceso participativo de 2018, especialmente porque se trata de una evaluación integral del Código Urbanístico, que tiene un fuerte impacto ambiental y afectará directamente a la organización urbana de la ciudad.

En su denuncia, Baldiviezo subrayó que las comunas y villas son las que más sufren los efectos de una planificación urbana pensada desde los intereses inmobiliarios y no desde las necesidades de los vecinos. De hecho, en este contexto, las instancias de participación deberían haber sido aún más amplias, con un proceso que incluyera reuniones descentralizadas, como sucedió en 2018.

El Derecho a la Participación y el Retroceso Democrático

Desde la Junta Comunal 10, se considera que la falta de un proceso participativo en la modificación del Código Urbanístico es una grave violación a los derechos ambientales y políticos de los ciudadanos. Baldiviezo recordó que el derecho a la participación es un derecho político fundamental, y que el principio de progresividad de los derechos humanos implica que el Estado no puede retroceder en los derechos que ya han sido reconocidos a la ciudadanía. Por ello, este tratamiento del proyecto en la Legislatura debería ser detenido hasta que se realice una consulta pública efectiva y se garantice un proceso verdaderamente democrático.

Demandas para el Futuro del Código Urbanístico

Las principales demandas de la Junta Comunal 10 y de organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad son:

• Que se detenga el tratamiento del proyecto en la Legislatura hasta que se realicen instancias de participación genuinas.
• Que el GCBA convoque a reuniones descentralizadas, abiertas a todos los sectores de la ciudadanía y en especial a las comunas y villas, que son las más afectadas por las decisiones urbanísticas.
• Que se promueva una planificación urbana inclusiva y sostenible, que considere las necesidades de los barrios y de las personas más vulnerables frente a la especulación inmobiliaria.

El proyecto de modificación del Código Urbanístico representa una oportunidad para replantear el modelo de desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires, pero para que sea legítimo y respetuoso de los derechos de todos los porteños, debe ser abierto y participativo, tal como exige la ley y la Constitución porteña.