Orden judicial al Gobierno porteño: deberá limpiar y sanear el Lago Soldati.
Buenos Aires, 07 de agosto de 2025 – La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó al Gobierno local llevar adelante la limpieza integral del Lago Soldati, luego de más de una década de inacción judicial en una causa vinculada al estado ambiental del lugar y su impacto en el barrio Los Piletones.
La decisión fue tomada por la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N.º 4, en respuesta a un nuevo pedido del defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, quien encabeza la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del Ministerio Público de la Defensa (MPD).
Contaminación, lluvias e impacto sanitario
La solicitud de una medida cautelar urgente volvió a cobrar fuerza tras las intensas tormentas de mayo pasado, que provocaron el desborde del lago y el anegamiento de viviendas y automóviles del barrio, cubiertos por agua contaminada.
Pese a que el Gobierno porteño informó que se están realizando trabajos dentro del marco de la Dirección General del Sistema Pluvial, la jueza remarcó que estas obras resultaron insuficientes para evitar las recientes inundaciones. A su juicio, el riesgo sanitario es grave, ya que se trata de agua contaminada con residuos cloacales y otros desechos.
Frente a este escenario, Liberatori dispuso cuatro medidas concretas que el Ejecutivo local deberá cumplir para abordar el problema estructural del lago y sus consecuencias sobre la comunidad.
Las cuatro acciones obligatorias que debe cumplir el GCBA
1. Limpieza inmediata del lago
La primera orden judicial refiere directamente al estado del espejo de agua. El fallo instruye al GCBA a realizar una limpieza integral del lago para eliminar residuos flotantes y todo tipo de material contaminante que degrade la calidad del agua o ponga en riesgo la salubridad del área.
2. Medidas de prevención para la población
La segunda disposición establece que deben adoptarse acciones complementarias para evitar el contacto directo de los vecinos con el agua contaminada y su entorno. La jueza se basó en el informe de la asesoría tutelar, que expresó su “máxima preocupación” y advirtió sobre la presencia de animales muertos en el lago, así como el impacto persistente de los efluentes cloacales sin tratamiento.
3. Normalización del sistema cloacal
El tercer punto hace foco en el sistema de desagüe del barrio. La magistrada destacó que el mal funcionamiento de la red cloacal incide directamente en la contaminación del lago. El MPD explicó que, aunque se ejecutó la conexión entre la red de AySA y la red interna del barrio, nunca se la puso en funcionamiento, lo que genera una situación crítica: los desechos cloacales no tienen destino final y se vierten en el lago.
4. Plan de contingencia ante fenómenos climáticos
Finalmente, la jueza exige al Gobierno de la Ciudad presentar un plan de acción para enfrentar eventos meteorológicos extremos, como los ocurridos en mayo, con el objetivo de prevenir nuevos desbordes y minimizar su impacto sanitario y social.
Reclamos históricos y falta de respuestas
La problemática del Lago Soldati no es nueva. Desde hace años, los habitantes de Los Piletones y el MPD vienen denunciando que la contaminación del agua representa una amenaza directa para la salud pública. Además, reclaman una urbanización integral del barrio, que sigue sin contar con una ley específica, a diferencia de otros asentamientos populares de la ciudad.
En 2023, se presentó un proyecto legislativo con el fin de establecer un plan de integración que incluía apertura de calles, acceso a la vivienda, servicios públicos y un plan ambiental para el lago. Sin embargo, la iniciativa nunca fue tratada por la Legislatura porteña.
Mientras tanto, los trabajos de mantenimiento y mejora quedan bajo la órbita de la Corporación Buenos Aires Sur, sin un marco legal que garantice derechos o defina plazos concretos.
Un fallo que reactiva la agenda ambiental y urbana
Con esta resolución judicial, la causa por el saneamiento del Lago Soldati recupera impulso después de años de estancamiento. El fallo de la jueza Liberatori obliga al GCBA a tomar medidas concretas, tanto desde el punto de vista ambiental como infraestructural y sanitario, en un barrio históricamente relegado.
La situación deja en evidencia la urgencia de articular políticas de integración urbana, protección ambiental y servicios básicos, en especial en zonas vulnerables donde el impacto de la desidia estatal se amplifica con cada episodio climático extremo.
