El juez Víctor Rodolfo Trionfetti ha declarado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha incumplido una medida cautelar, afirmando que el Ejecutivo local ha implementado una política de alojar a personas mayores en hoteles o galpones denominados Centros de Inclusión Social. Esta información fue proporcionada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El fallo se produjo después de que el Observatorio del Derecho a la Ciudad informara que la Justicia porteña había embargado al Gobierno de la Ciudad debido a su falta de respuesta a múltiples intimaciones judiciales para proporcionar asistencia económica a una persona mayor sin hogar, permitiéndole acceder a una vivienda adecuada.
De acuerdo con el expediente número 21433/2023-0, Trionfetti, juez en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de Primera Instancia número 15, resolvió que el gobierno porteño había violado la medida cautelar, ordenando el embargo al GCBA por un monto de 120.000 pesos.
Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, destacó que la medida cautelar previa había reconocido que la política del GCBA de alojar a personas mayores en Centros de Inclusión Social tercerizados no cumple con el derecho a una vivienda digna.
El magistrado subrayó que la Ciudad de Buenos Aires enfrenta una “crisis habitacional” significativa, en la cual uno de los problemas más graves es la situación de las personas mayores sin trabajo, sin vivienda propia, o que no cuentan con una jubilación suficiente para alquilar una vivienda, e incluso aquellas que no reciben jubilación.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad ha realizado un análisis de la política pública para asistir a personas sin hogar en CABA. Según su relevamiento, existen actualmente 27 Centros de Inclusión Social (CIS), excluyendo los destinados a personas con discapacidad con autovalidez, gestionados por 19 instituciones privadas, que ofrecen un total de 2.020 plazas disponibles.
Entre las instituciones más criticadas se encuentra la Fundación Ayuda Social Vida Pura, que gestiona el CIS Casa Blanca (120 plazas) y el CIS Rosedal (130 plazas). A principios de año, esta fundación recibía diariamente $2.377 por persona, lo que equivale a aproximadamente $71.310 por mes. Si todas las plazas están ocupadas, la Fundación recibiría un total de $8.557.200 mensuales. Además, recibe aportes adicionales mensuales de $285.000 y $309.000 para los respectivos centros.
El Observatorio también señaló que en estos alojamientos, las habitaciones se comparten entre cuatro o cinco personas, lo que limita la intimidad y la posibilidad de guardar pertenencias personales, dificultando así el regreso a una vida laboral activa.
Finalmente, se recordó que el 9 de diciembre de 2021 se sancionó la Ley Nacional N° 27654, destinada a garantizar y hacer efectivos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de estar en situación de calle en Argentina.