El jefe de Gobierno hizo este anuncio en un momento crítico, cuando las calles de la ciudad están abarrotadas de basura por la protesta de los camioneros, quienes intentan forzar a la Ciudad a aceptar una adjudicación preliminar que implicaría un desembolso de 360 millones de dólares.
“La decisión de cancelar la preadjudicación se tomó porque resultaba extremadamente costosa para la Ciudad y la comprometía a ese contrato durante los próximos 10 años. Además, implicaba una erogación de 360 millones de dólares de las arcas públicas. También se preveía un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a cubrir los costos operativos incluso si no se realizaban acarreos”, detalló Macri en un comunicado oficial.
En este contexto, el jefe de Gobierno anunció que “ahora, la Ciudad asumirá la prestación de este servicio con un costo que será menos de la mitad del valor estimado en el proceso de licitación”. Desde julio de 2022, el Gobierno decidió poner fin al sistema de acarreo que había estado en vigor desde principios de los años 90 y convocó a una licitación. A principios de diciembre de 2023, a pocos días del cierre de la gestión anterior, el gobierno de la Ciudad preadjudicó el sistema de grúas y acarreo a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario.
Cuando Buenos Aires amaneció con la basura desbordando de los tachos y contenedores, el jefe de Gobierno porteño se dirigió a los medios con firmeza y criticó abiertamente al sindicato por su postura frente a la presión para privatizar el negocio de las grúas.
En 2022, bajo la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se decidió nacionalizar el sistema de acarreo. Como consecuencia, 500 empleados vinculados a los Moyano en las empresas Dakota y BRD recibieron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y fueron transferidos a SBASE, la entidad estatal que gestiona los subtes. La operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).
Más tarde, en diciembre de 2023, se realizó la preadjudicación del servicio, que está siendo revisada por el gobierno porteño. Tres empresas avanzaron a la fase final de una licitación por un contrato de 57 mil millones de pesos por 10 años. Una de las compañías, Ashira-Ecoba SA, está bajo sospecha de tener vínculos con el Sindicato de Camioneros, lo que, según funcionarios de la Ciudad, explicaría la actual reacción de los Moyano en un área previamente libre de conflictos como la recolección de residuos.
El conflicto en torno al sistema de acarreo comenzó hace dos años, cuando el gobierno porteño decidió nacionalizar el servicio. En ese momento, la situación era irregular, ya que las dos empresas encargadas de las grúas, Dakota y BRD, operaban con una concesión vencida hacía 20 años y solo pagaban un canon mensual de $55.000, a pesar de recaudar millones de pesos diarios.