El hallazgo de asbesto en el Subte de Buenos Aires ha desatado una preocupación generalizada, tanto entre los trabajadores del sistema de transporte como entre los millones de usuarios que lo utilizan diariamente. Desde que se confirmó la presencia de este material tóxico en varias líneas, se ha desencadenado una serie de acciones, investigaciones y reclamos que buscan proteger la salud pública y exigir responsabilidades a las autoridades y empresas involucradas.
El asbesto, también conocido como amianto, es un mineral fibroso que fue ampliamente utilizado en diversas industrias por sus propiedades aislantes, resistentes al calor y a la corrosión. Sin embargo, se ha comprobado que la inhalación de sus fibras es extremadamente peligrosa para la salud, ya que puede provocar enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, un tipo de cáncer muy agresivo.
Debido a estos riesgos, el uso del asbesto ha sido prohibido en muchos países, incluido Argentina, donde su comercialización y utilización fueron prohibidas en 2001. No obstante, la presencia de este material en construcciones y productos más antiguos sigue representando un grave problema, como se ha evidenciado en el Subte de Buenos Aires.
El primer indicio de la presencia de asbesto en el Subte de Buenos Aires surgió en 2018, cuando se descubrió que los trenes de la línea B, adquiridos de segunda mano a Metro de Madrid, contenían este material en diversos componentes. A partir de ese momento, se inició una serie de inspecciones y análisis que revelaron que no solo la línea B, sino también otras líneas del sistema de Subte, presentaban materiales con asbesto en su composición.
El descubrimiento desató una alarma entre los trabajadores del Subte, especialmente entre los miembros de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), quienes han sido expuestos de manera prolongada a este material durante el mantenimiento y operación de los trenes. El sindicato ha denunciado que al menos 30 trabajadores han sido diagnosticados con afecciones relacionadas con la exposición al asbesto, y se teme que la cifra pueda ser mayor.
Ante la gravedad de la situación, el sindicato de trabajadores del Subte presentó una demanda contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas responsables de la compra y mantenimiento de los trenes contaminados, exigiendo que se realicen estudios médicos a todos los trabajadores y se tomen medidas inmediatas para eliminar el asbesto de las instalaciones y trenes.
El Gobierno de la Ciudad, por su parte, ha anunciado que está llevando a cabo un plan de desasbestización que incluye la sustitución de los trenes afectados y la remoción del material peligroso de los lugares donde se ha encontrado. Sin embargo, estas acciones han sido consideradas insuficientes y tardías por parte de los trabajadores y usuarios, quienes continúan exigiendo una respuesta más contundente.
Aunque los trabajadores son quienes han estado más expuestos al asbesto, los usuarios del Subte también se han mostrado preocupados por los posibles riesgos para su salud. A pesar de que las autoridades han asegurado que el uso regular del Subte no implica un peligro significativo para los pasajeros, la confianza en la seguridad del servicio se ha visto seriamente afectada.
Diversos grupos de usuarios y organizaciones de defensa de la salud pública han exigido mayor transparencia en la comunicación sobre los riesgos y las medidas que se están tomando. Además, se ha pedido que se realicen estudios de impacto ambiental y de salud pública para evaluar el alcance real de la contaminación por asbesto en el Subte.
El caso del asbesto en el Subte de Buenos Aires ha puesto de manifiesto graves fallos en los procesos de compra y mantenimiento de los trenes, así como en la vigilancia de la salud y seguridad de los trabajadores. La adquisición de trenes usados que contenían un material prohibido desde hace más de una década en Argentina, y la falta de controles adecuados, son aspectos que han sido duramente criticados.
En este contexto, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires enfrentan un desafío considerable para restaurar la confianza en el sistema de transporte. Se requiere no solo la eliminación completa del asbesto del Subte, sino también un compromiso firme con la salud de los trabajadores y la seguridad de los usuarios. Esto incluye la implementación de medidas preventivas, la realización de estudios de seguimiento a largo plazo para detectar posibles enfermedades relacionadas con el asbesto, y la garantía de que situaciones similares no se repitan en el futuro.
El hallazgo de asbesto en el Subte de Buenos Aires ha revelado un problema de salud pública de gran magnitud, cuyas consecuencias podrían ser graves si no se toman las medidas adecuadas de manera inmediata. La desasbestización del Subte, la protección de los trabajadores afectados y la transparencia en la gestión de esta crisis son acciones indispensables para asegurar la seguridad de todos los involucrados.
Mientras se esperan soluciones efectivas, los ciudadanos de Buenos Aires siguen utilizando el Subte con una mezcla de desconfianza y preocupación, conscientes de que este problema podría tener un impacto duradero en la salud de muchos trabajadores y usuarios.